EP / SERVIMEDIA

  • En 2015, el Gobierno aprobó un plan de medidas, entre ellas la que habla sobre altos cargos.
  • De la Serna ha sido el único exministro que ha pedido la pensión a la que tiene derecho.

Santamaría e Íñigo de la Serna

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría podrá tener más dificultades que otros altos cargos de Mariano Rajoy para buscar una salida profesional tras dejar la política si se atiene al cumplimiento estricto de la Ley del Alto Cargo que ella misma impulsó al frente del Ejecutivo del PP. También podrían encontrarse con esa limitación otros exministros de Mariano Rajoy en caso de que decidan seguir sus pasos y abandonar la vida política.

Con la llegada del PP a Moncloa, en medio de los casos de corrupción que habían afectado al partido, el Gobierno dio luz verde a un amplio paquete de medidas de regeneración democrática, entre las que figuraba la Ley de Transparencia y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015.

El artículo 15 de esta última norma establece que los altos cargos no podrán “prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante “los dos años siguientes a la fecha de su cese”.

Si Santamaría o algún alto cargo del Gobierno del PP tiene una oferta profesional debe comunicárselo a la Oficina de Conflicto de Intereses “con carácter previo a su inicio”. Si ese órgano entiende que esa actividad privada vulnera esta norma, se le comunicará al interesado y a la entidad que le vaya a contratar, que “podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes”.

En ese caso, la Oficina de Conflicto de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad o no de esa actividad en el plazo de un mes. Este órgano fue dotado de “nuevas competencias” para ejercer sus funciones con “las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia”, según recoge su exposición de motivos.

¿Podría trabajar en un banco?

Aunque la exvicepresidenta se ha limitado a decir que deja la política y su escaño, sin dar pistas sobre cuál será su futuro profesional, en las filas del PP circula que la vicepresidenta del Gobierno ya tiene ofertas encima de la mesa y hablan incluso de una importante entidad financiera española.

Algunas fuentes consultadas alertan de que con su incorporación a un banco podría incurrir en incompatibilidad, dado que formó parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y en su labor como vicepresidenta figuraba también la de supervisar y coordinar las decisiones de otros ministerios.

Sin embargo, otras fuentes no creen que Sáenz de Santamaría pueda vulnerar la legislación por incorporarse a la asesoría jurídica de un banco o por ocupar un puesto de responsabilidad de una entidad financiera en el extranjero. En 2015, el que fuera subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, abandonó el Gobierno de Rajoy para volver al Banco Santander, donde ocupa en este momento el cargo de secretario general.

La exvicepresidenta del Gobierno también tiene la opción de volver a su puesto de abogada del Estado, del que está en excedencia desde que comenzó a trabajar con Mariano Rajoy hace 18 años.

De la Serna, el único que ha pedido pensión

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento en el último Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, ha sido el único miembro de ese Gobierno que ha pedido la pensión a la que tiene derecho como exministro, según la Oficina de Conflictos de Intereses.

Así, De la Serna cobrará la pensión durante 1 año y 7 meses, el mismo tiempo durante el que fue ministro. El predecesor de Ábalos en la cartera de Fomento podrá embolsarse alrededor de 4.691,23 euros al mes.

Los exministros tienen derecho a un 80% de su sueldo en el cargo. Durante 2017, el salario de Íñigo de la Serna fue de 70.368,48 euros, según datos disponibles en el Portal de Transparencia. Por ello, el exministro cobraría ahora una pensión anual de 56.294,78 euros.

El resto de miembros del gobierno de Rajoy han renunciado a la pensión formalmente, por escrito y de forma expresa. Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, Alfonso Dastis, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat renunciaron a esta prestación, hecho que les permite seguir ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados y cobrar por su labor en el hemiciclo.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría realizó la misma renuncia, ya que, a pesar de su reciente decisión de dejar la política activa, cuando prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez y el PSOE llegó al Gobierno, ella aún mantenía su acta como diputada.

Cobro de pensión e incompatibilidades

La pensión para los exministros en España es incompatible con cualquier otro tipo de salario público o privado. Por ello, estos exministros deberían haber renunciado a su acta de diputados si hubieran optado por solicitar la pensión.

Román Escolano, ministro de Economía durante los últimos tres meses del Gobierno de Rajoy, también renunció a su pensión. Escolano era el único ministro además de Íñigo de la Serna que no era diputado y que, por tanto, podría haber solicitado la prestación de exministro sin tener que renunciar a ocupar un escaño en la Cámara baja.

La prestación para los exministros, de todos modos, puede cobrarse por un tiempo máximo establecido en dos años.

El predecesor de Escolano, Luis de Guindos, sí solicitó su pensión de exministro, según ha reconocido la Oficina de Conflictos de Intereses a la petición de acceso a la información de Servimedia. De Guindos la solicitó al abandonar el puesto de ministro de Economía, Industria y Competitividad durante el mes de marzo, pero tuvo que renunciar a ella el pasado 1 de junio, cuando fue nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo, puesto por el que abandonó su cartera ministerial y por el que cobra más de 300.000 euros al año.

Rajoy sí ha pedido su dotación como expresidente

Mariano Rajoy, por su parte, sí que solicitó su dotación como expresidente, según desveló Maldita.es. Esta dotación le da derecho a una indemnización, una oficina de representación con dos trabajadores o viajes gratuitos a través de las compañías del Estado, entre otras prestaciones. Eso sí, Rajoy, como muchos de sus ministros, tampoco percibirá una pensión, ya que resulta incompatible con su reincorporación a su puesto de registrador de la propiedad.