A. L.

  • El pleno del Congreso vota el 6 de septiembre un decreto que posibilita acreditar la condición de víctima de violencia de género sin denuncia previa y la asistencia psicológica a los hijos sin el permiso del padre.
  • Carmen Calvo vincula el apoyo parlamentario al decreto ley al éxito del pacto contra la violencia de género.
  • Jueces para la Democracia respalda el decreto |

Carmen Calvo, en la comisión de seguimiento del pacto

En la comisión de seguimiento al pacto contra la violencia de género en el Congreso de los Diputados, el PP y Ciudadanos han pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la retirada del decreto ley del 3 de agosto, el que recoge las primeras medidas del pacto de estado de violencia de género, para cambiarlo por un proyecto de ley, por la vía de urgencia, al considerar “inconstitucional” la fórmula legal del decreto ley para los cambios que se van a introducir. 

Pese a las críticas recibidas, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido el decreto ley —que incorpora novedades como la posibilidad de adquirir la condición de víctimas a título administrativo sin denuncia previa o el acceso de los hijos de víctimas a la asistencia psicológica sin la necesidad de contar con la autorización de su progenitor— porque cumple “estrictamente” con el pacto de Estado y permite mejorar “por la vía de urgencia” la seguridad de las mujeres y de sus hijos menores de edad víctimas de la violencia machista.

La vicepresidenta ha asegurado que la fórmula del decreto permite la modificación del Código Civil “porque pese a ser una ley central (el código civil) es una ley ordinaria, no es materia orgánica y se puede modificar así”. Y ha pedido a los grupos políticos su apoyo en la convalidación del decreto el próximo 6 de septiembre en el pleno del Congreso “porque si no no serviría de nada el pacto de Estado”, ha dicho.

El decreto —que además devuelve a los Ayuntamientos competencias y financiación para prevenir casos de violencia de género— ha sido criticado por algunos juristas y por el PP principalmente por la medida que permitirá que los hijos e hijas de la violencia machista puedan recibir asistencia psicológica sin precisar de la autorización del progenitor.

Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha especificado que no discrepa del fondo de los cambios, sino de la fórmula legal del “decretazo” y ha calificado de “lamentable” su uso “en un asunto tan sensible” y le ha pedido a la vicepresidenta que vuelva “al consenso” del pacto de Estado.

Carmen Calvo ha insistido en que el Gobierno ha entendido que “no hay otra manera” que el decreto ley de dar cumplimiento prontamente a las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género.

En lo que va de año, 29 mujeres y un menor han fallecido víctimas de la violencia machista, y 15 niños y niñas han quedado huérfanos.