EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

El Gobierno no retirará el recurso que interpuso el Ejecutivo del PP contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y aguardará al fallo definitivo, previsto para septiembre, antes de tomar una decisión sobre estas prácticas.

“Esperemos a esa resolución”, ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en la que subraya que estas cuestiones jurídicas “no son blanco o negro, sino que son mucho más complejas de lo que parece”. Fue en octubre pasado cuando el Tribunal de Estrasburgo consideró que España había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver a Marruecos a dos inmigrantes subsaharianos que habían superado de manera irregular la valla de Melilla sin haberlos identificado, por lo que debía indemnizarlos con 5.000 euros.

Grande-Marlaska niega tajantemente que estemos ante una nueva crisis de cayucos ni que haya un colapso por el incremento del número de llegadas de inmigrantes a nuestras costas en los siete primeros meses del año, en los que ya se han superado las contabilizadas en todo 2017 con casi 23.000. Y es que este aumento era “absolutamente previsible” ante los cierres de las rutas del Mediterráneo oriental y central de los últimos tiempos. “Es lo que se llama el efecto globo, cuando el aire no sale por un sitio, sale por otro”, explica.

Por eso opina que “no hay que alarmar a la gente porque no estamos en ninguna circunstancia caótica. Lo que pasa es que el Gobierno anterior no lo previó o por lo menos no dio muestras de haberlo previsto adoptando las medidas precisas y necesarias”. De ahí que recrimine determinadas “conductas y actitudes” que ahora ven como preocupante lo que antes no parecía serlo, pese a que en 2017 el número de llegadas se había disparado un 170% respecto a 2016.

El responsable de Interior considera que la migración es una cuestión de Estado y por eso le “preocupa” que los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, hayan hecho de ella una “batalla electoral” en lugar de tratar de aportar una solución. No obstante, no teme que sus declaraciones puedan fomentar un discurso xenófobo entre la sociedad española como ha ocurrido en otros estados europeos porque el nuestro es “un país de gente muy solidaria”. “Miedo no tengo, no va en mi agenda, pero no me parece razonable ni leal con el Gobierno ese comportamiento”, zanja.

Desde su departamento se trabaja además para la mejora de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para adaptarla a las más de 50.000 solicitudes que calcula recibir este año y a la que el Ejecutivo ha reservado más de 300 plazas públicas. “Es algo relevante e importante que se resuelvan en el tiempo oportuno para que la persona conozca su derecho a la protección internacional”, concluye.