AGENCIAS

  • La fiscal del Estado prepara una circular que unifique los criterios en los delitos de odio por Internet.
  • El exministro de Justicia, Catalá, ve “proporcionada” las interpretación de los juces del Código Penal.

Segarra y Catalá.

El exministro de Justicia y diputado del PP Rafael Catalá se ha mostrado convencido de que los jueces hacen una interpretación proporcionada del Código Penal en materia de delitos de odio.

Así lo ha manifestado a los periodistas en el Congreso al ser recabada su opinión sobre las manifestaciones de la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien demandó “una reflexión sosegada” sobre esos delitos para conseguir una “interpretación proporcional” de los mismos de forma que el ministerio público dé “una respuesta penal proporcionada, disuasoria y garantista”.

Catalá ha insistido en que la regulación en su conjunto de estos delitos es “equilibrada” y ha dicho desconocer los “detalles técnicos” de la reflexión de Segarra, pero está “seguro” de que la aplicación del Código Penal aprobado por el Congreso se cumple dentro del marco normativo.

“Será la fiscal la que tenga que explicar las dudas” que tenga pero Catalá no cree que “se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un parlamento democráticamente y cuya aplicación corresponde a los jueces profesionales”. Por todo ello, ha reiterado su convencimiento de que los jueces no hacen una interpretación “desorbitada ni de esa materia ni de ninguna otra”.

La fiscal, sin embargo, cree necesario abrir una reflexión para encontrar alternativas a prisión en casos de odio a través de Internet. Considera que no hay que bajar la guardia paero que se aplica el Código Penal en algunos casos de masnera “desproporcionada”.

De ahí que su departamento esté preparando una circular interna en su departamento para reclamar unidad de acción, según adelanta El País. El objetivo, ceñirse a los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recientemente condenó a España a indemnizar a manfiestantes independentistas catalanes que quemaron las fotos de los Reyes durante una protesta.