20MINUTOS / VÍDEO: EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que el Gobierno recurrió a un acuerdo bilateral con Marruecos que apenas se había aplicado desde su firma en 1992, con el fin de “lanzar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas”. El mensaje, ha dicho el ministro, “es que la migración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. No vamos a permitir la inmigración violenta que supone una amenaza a la seguridad”.

Grande Marlaska ha defendido con estas palabras la detención ayer de 10 presuntos instigadores de un salto violento a la valla en julio y la devolución exprés de 116 migrantes que lograron entrar la semana pasada. 

Respecto a estos últimos, el ministro ha explicado que los migrantes fueron asistidos individualmente por un equipo de tres intérpretes y doce abogados, y que ninguno de ellos llegó a solicitar protección internacional. Y ha justificado su devolución —”en caliente” según varias ONG— en que entraron de manera organizada haciendo uso de violencia: “Utilizando radiales, mazas, cizallas, piedras y palos, exhibiendo cócteles molotov y lanzallamas, lanzando botellas con cal viva, excrementos y orines”.

En cuanto a la presión migratoria que sufre España, el ministro del Interior ha reconocido que la ruta migratoria occidental por el Estrecho ha sufrido un incremento del 125% de entradas irregulares (marítimas y terrestres) respecto de 2017. Grande-Marlaska ha concretado que en 2018 han entrado en España, hasta el pasado 24 de agosto, 31.800 inmigrantes de manera irregular, 17.000 más que un año atrás.

Sobre este flujo mayor ha dicho que era “una situación extraordinaria, pero previsible” porque ya había aumentado un 170% el año anterior (2017), en parte debido a las dificultades que los migrantes encuentran en las otras dos rutas principales hacia Europa, la central (por Libia a Italia) y la balcánica (por Turquía hacia Grecia).

En este sentido, Grande-Marlaska ha defendido su política migratoria y la del Gobierno basada en “seguridad y humanidad”.

Ha concretado que ha tenido dos pilares fundamentales: exigir apoyo y compromiso financiero de la UE para impedir la inmigración ilegal y la firma de acuerdos bilaterales con países como Argelia, Senegal o Mauritania para favorecer el retorno de sus nacionales. Bajo estos acuerdos, solo en el mes de agosto hasta 300 senegaleses habrían sido devueltos a su país desde Canarias, ha informado el ministro.

En el turno de palabra para los grupos políticos, el Partido Popular ha celebrado el cambio de postura radical del Gobierno “desde el buenismo” del Aquarius a la “devolución exprés” de los inmigrantes, en palabras del diputado José Alberto Martín-Toledano.

Por su parte, Podemos ha lamentado que el ministro haya pasado en dos meses de prometer la retirada de las concertinas o autorizar una “devolución sumaria en nuestro país que hacía mucho tiempo que no se veía, vulnerado derecho internacional que nos obliga y que nos recuerda a las peores prácticas del PP y nos alarma profundamente”. La portavoz Ione Belarra ha supeditado el apoyo de la formación morada al Gobierno socialista a una política migratoria que articule vías legales y seguras para las migraciones.

El ministro, en el turno de réplica, ha defendido que su política migratoria es “coherente” y “unitaria” con el problema estructural y ciñó a la política coyuntural la respuesta con Marruecos, a quién ha negado haber efectuado ningún pago, de devolución de migrantes “que atacan la valla violentamente”.