EUROPA PRESS

  • Se utilizarían, según el Ministerio, para “apoyar fines contrarios a los objetivos de la política exterior de España”.

José Borrell

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado “desfavorablemente” sobre la creación por parte de la Generalitat catalana de seis nuevas delegaciones en el extranjero, que utilizarán, según el departamento, para “apoyar fines contrarios a los objetivos de la política exterior de España”.

El Ministerio que dirige Josep Borrell ha explicado que fue el pasado 17 de octubre cuando tuvo conocimiento de seis proyectos de decreto para el establecimiento de delegaciones del Gobierno catalán fuera de España.

En concreto, según han informado en un comunicado, dichas sedes se encontrarían en Europa Central (Viena), Países Bálticos (Tallin), Balcanes (Zagreb), Portugal (Lisboa), Países Nórdicos (Estocolmo) y Mediterráneo (Beirut).

Desde el Ministerio se ha informado “desfavorablemente” sobre la apertura de las delegaciones al estimar que “su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado” por la Generalitat, consiste en “utilizar las delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España”.

En el mismo escrito, Exteriores recuerda que corresponde a este departamento -según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2014 de 25 de marzo- informar de esta propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó el pasado mes de agosto un recurso contra la reapertura de las llamadas ‘embajadas’ de la Generalitat de Cataluña en un total de siete países por no haberse cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior.

Entonces, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat no pretendía abrir ninguna nueva delegación, sino reabrir las que el gobierno central había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.