EFE

José Luis Ábalos, ministro de Fomento

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, propuso este miércoles a los gobiernos autonómicos que se acojan a un nuevo marco normativo, que estará listo en septiembre y les habilitará para tener capacidad regulatoria en materia de licencias de VTC, mientras que los que no lo deseen seguirán bajo el marco estatal.

La propuesta, lanzada a los representantes de las comunidades en la reunión de la Conferencia Nacional de Transportes que durante tres horas han mantenido en la sede del Ministerio, junto a la creación de un grupo de trabajo que estudie soluciones en profundidad para el conflicto entre VTC y taxi, con un plazo de tres meses, valió para que los taxistas desconvocaran los paros de protesta que durante cerca de una semana han bloqueado las principales capitales de España.

Respecto al marco normativo que permitirá a las comunidades regular sobre vehículos de transporte con conductor (VTC), el ministro ha señalado que “el compromiso es tenerlo en septiembre aprobado” y que a partir de ahí los gobiernos autonómicos que quieran podrán acogerse a él.

Con el nuevo marco, los gobiernos autonómicos podrán trasladar la posibilidad de regular a los ayuntamientos.

El titular de Fomento ha subrayado que no se trata de una nueva transferencia de competencias a las autonomías, ya que la Constitución estipula que el transporte dentro de una comunidad es de competencia autonómica. “No transferimos la competencia, sino la capacidad regulatoria”, ha incidido.

“El problema es muy desigual en toda España”

En ese sentido, ha explicado que cuando surgieron los VTC a finales del siglo pasado el Estado asumió la competencia porque se ignoraba el destino al que el pasajero quería desplazarse con un conductor, pero que el tiempo ha demostrado que es el ámbito municipal en la gran mayoría de los casos, al igual que para el taxi. “El problema es muy desigual en toda España, el principal problema está en las grandes capitales”, ha indicado el ministro.

La forma jurídica del marco jurídico al que se podrán acoger las comunidades será un decreto-ley que modificará la Ley de Transportes, han indicado fuentes de Fomento.

También han señalado que esto permitirá a las comunidades regular con ratios diferentes al de un VTC por cada treinta taxis -si no son más restrictivos para el taxi- y a los ayuntamientos que adquieran capacidad regulatoria les permitirá establecer una segunda licencia.

Un plazo de tres meses

Respecto al grupo de trabajo que estudiará de forma global todo el sector, Ábalos ha avanzado que se fija un plazo de tres meses para sus conclusiones y que no solo atenderá a la prestación del servicio, sino a otros asuntos de interés como la fiscalidad y las nuevas tecnologías.

Este grupo de trabajo territorial será paralelo al que se abrirá en septiembre con carácter sectorial y al que han sido invitados los agentes económicos, incluidas las asociaciones de taxistas y Unauto, la patronal de los VTC.

Según el consejero de Infraestructuras y Transporte del Principado de Asturias, Fernando Lastra, en la reunión no ha habido ninguna negativa de ninguno de los representantes autonómicos a la propuesta de Fomento de que adquieran capacidad regulatoria si lo desean, ya que las que no lo quieran seguirán bajo el marco estatal.

No habrá, sin embargo, diecisiete regulaciones diferentes, ha expuesto Lastra, porque la Ley Orgánica del Transporte Terrestre ofrecerá “una orientación”.
Según el consejero asturiano, las comunidades podrán acogerse a dar una “respuesta rápida” en septiembre con la nueva facultad normativa, o esperar a las conclusiones del grupo que estudiará las cuestiones en profundidad.

Los taxistas dan un “margen de confianza”

La reunión provocó que los taxistas de Madrid aprobaran una asamblea a última hora de este miércoles que se levantasen los paros en el Paseo de la Castellana durante los últimos tres días, celebrándose la decisión con júbilo, bailes y petardos. De forma similar y casi simultánea se decidió lo mismo en Barcelona.

De esta forma, los taxistas dan “un margen de confianza” al Gobierno al haber asumido “lo que había sido solicitado” por los taxistas, tal y como reconocía a última hora de ayer el vicepresidente de Antaxi, Jesús Fernández.